Dictamen 100-2008
Emite criterio en el que concluye, entre otros aspectos, que las personas contratadas por entidades de derecho privado (organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones o fideicomisos) que realicen funciones públicas al amparo de atribuciones y competencias encomendadas por ley a la Administración Pública, pueden ser consideradas como funcionarios y funcionarias públicas, por lo que deben estar sometidas a una relación de empleo público, y cubiertas por el Régimen de Servicio Civil